En Resumen

  • Expertos están escépticos sobre un nuevo proyecto de ley del Senado de EE.UU. que busca regular DeFi para prevenir lavado de dinero.
  • La ley daría amplia discreción al Tesoro para decidir quién "controla" y debe cumplir con requisitos de un protocolo DeFi.
  • Expertos advierten que esto podría penalizar injustamente a desarrolladores de software y violar sus derechos constitucionales.

Expertos legales en criptomonedas son escépticos de un proyecto de ley recién propuesto en el Senado que tiene como objetivo abordar las violaciones de sanciones por lavado de dinero dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

La legislación bipartidista - titulada Crypto-Asset National Security Enhancement (CANSEE) Act - sometería a cualquier persona que "controle" un proyecto DeFi a sanciones si no cumple con los requisitos "básicos" de prevención de lavado de dinero (AML) y de informes financieros, que ya se aplican a los bancos y a las plataformas de negociación de criptomonedas centralizadas.

Sin embargo, la definición de quién "controla" un servicio DeFi será decidida únicamente por el Secretario del Tesoro, lo que potencialmente otorgaría al departamento autoridades excesivas.

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"El proyecto de ley otorga una discreción prácticamente ilimitada al Secretario para decidir qué se necesitaría para designar a alguien como 'controlador' de un protocolo", escribió el centro de pensamiento en políticas cripto Coin Centre en una publicación de blog el jueves. Por ejemplo, este control podría extenderse a los contribuyentes de software de código abierto.

"Esto probablemente no es lo que los autores del proyecto de ley tienen en mente, pero es lo que el significado literal del proyecto de ley que escribieron permitiría al Secretario hacer", dijo Coin Centre.

Por definición, DeFi se supone que es "descentralizado", lo que significa que no hay partes concretas que controlen un protocolo o servicio en particular.

Sin embargo, como se reconoció en un informe del Tesoro a principios de este año, muchos protocolos DeFi son más centralizados de lo que afirman, con estructuras de gobernanza claras y concentración del poder de voto en manos de poseedores de tokens de gobernanza adinerados.

Si bien reconoce que existen servicios que son "centralizados solo de nombre", Coin Centre cree que dichos servicios simplemente pueden cumplir con las reglas existentes para las instituciones financieras.

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"Nuestro régimen de vigilancia financiera se aplica específicamente a los intermediarios", explicó Neeraj K Agrawal, Director de Comunicaciones de Coin Center, en un mensaje a Decrypt. "En un protocolo descentralizado, no hay intermediario. Solo hay dos personas que realizan transacciones entre sí".

Según la Ley CANSEE, el Tesoro también sería responsable de otorgar exenciones a los "protocolos de finanzas descentralizadas controladas" que cumplan con las regulaciones existentes. La organización sin fines de lucro teme que el Tesoro pueda estar libre de otorgar tales exenciones, una preocupación válida dada la aparente represión dirigida de los reguladores estadounidenses contra la industria de las criptomonedas.

También hay un problema constitucional: el proyecto de ley ampliaría las sanciones por violación de sanciones a cualquier persona que "ponga a disposición una aplicación diseñada para facilitar transacciones utilizando un protocolo de activos digitales". Una vez más, esto podría penalizar a los desarrolladores de software, quienes tienen el derecho de la Primera Enmienda de publicar código tan libremente como el discurso.

No sería el primer ataque del gobierno a este derecho: en agosto pasado, el desarrollador de Tornado Cash, Alex Pertsev, fue arrestado poco después de que el Tesoro impusiera sanciones contra el protocolo de privacidad basado en Ethereum, que se había vuelto popular entre los delincuentes para ocultar ganancias ilícitas.

El año pasado, la senadora Elizabeth Warren (D-MA) también presentó un proyecto de ley para combatir las violaciones de sanciones de criptomonedas. Su versión contenía un lenguaje dirigido a cualquier corredor de nodos blockchain o desarrollador de software para redes que faciliten el lavado de dinero.

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