El caso de la colapsada plataforma de intercambio de criptomonedas FTX podría contar pronto con un examinador independiente, después de que un juez de distrito elevara hoy la petición de uno al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU.
Las solicitudes judiciales muestran que el juez de distrito de Delaware Colm F. Connolly aprobó el martes elevar el caso en la cadena judicial.
La medida se tomó después de que el juez que supervisa todo el caso de bancarrota, John Dorsey, dijera que nombrar a un examinador independiente sería demasiado costoso.
Aun así, un grupo bipartidista de senadores ha pedido un examinador independiente porque afirman que el equipo designado podría no proporcionar un relato imparcial de lo ocurrido.
Juliet Sarkessian, representante del U.S. Trustee, una rama del Departamento de Justicia, ha impulsado desde entonces la creación de un examinador independiente.
Tras el colapso de la empresa de criptomonedas FTX en noviembre del año pasado, la fiscalía imputó al ex jefe Sam Bankman-Fried 13 cargos penales, entre ellos fraude electrónico a clientes y conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales. También se le acusa de mezclar fondos de clientes con los de la empresa hermana de operaciones Alameda Research.
Bankman-Fried—también conocido como SBF—fue detenido en diciembre y acusado inicialmente por la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia del Distrito Sur de Nueva York de ocho delitos financieros. Los negó en enero, pero en febrero se le imputaron nuevos cargos.
Hoy, los fiscales han declarado en documentos judiciales que podrían retirarse algunos de los cargos.
FTX era una enorme marca de criptomonedas dirigida desde las Bahamas que permitía a los clientes comprar, vender y apostar sobre el precio futuro de las criptomonedas. Pero sus altos cargos supuestamente gestionaron mal la empresa.
El rápido e inesperado colapso de FTX ha llevado desde entonces a los legisladores a proponer normativas más estrictas para el cambiante y enrevesado espacio de las criptomonedas, lo que ha llevado a los políticos a debatir sobre el grado de injerencia en el sector.