Los mineros de Bitcoin en Rusia podrían pronto enfrentarse a la perspectiva de una rentabilidad cero.

Un nuevo proyecto de ley presentado para su aprobación interdepartamental por el Ministerio de Finanzas del país haría ilegal que los mineros recibieran recompensas en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, informó hoy el medio de comunicación local Izvestia.

Según una copia de la propuesta, que Izvestia examinó, sólo habría tres escenarios aceptables para la recepción de criptodivisas en Rusia si entran en vigor las enmiendas propuestas a la ley "Sobre los activos financieros digitales": la herencia, la recepción de activos en el marco de la quiebra y los procedimientos de ejecución.

En todos los demás casos, incluidas las recompensas mineras, todas las operaciones con criptodivisas se considerarían ilegales para los ciudadanos y empresas de Rusia. Los residentes que violen la ley propuesta podrían ser sancionados con una multa de hasta 100.000 rublos (unos 1.325 dólares en la actualidad) y hasta siete años de prisión. Las entidades legales podrían enfrentar multas de hasta un millón de rublos (13.250 dólares).

Los abogados entrevistados por Izvestia señalaron que las enmiendas requieren una revisión sustancial. Efim Kazantsev, socio gerente del bufete de abogados EK&P, describió las medidas propuestas por el Ministerio de Finanzas como "extremadamente duras y, de hecho, estableciendo una prohibición total de la circulación de criptodivisas en Rusia".

Otros expertos también dijeron que, aunque los mineros pueden llegar a establecer algunas estructuras jurídicas para continuar sus actividades con arreglo a la nueva legislación —ya que la minería en sí seguirá siendo legal pero sin sentido financiero— ello no excluirá los riesgos de responsabilidad.

Como informó Decrypt, Rusia actualizó su ley de criptomonedas a finales de julio. La última variante no es tan estricta como la propuesta anteriormente, pero ha hecho que activos como Bitcoin sean básicamente inútiles al prohibir la compra de bienes con ellos.

La tercera lectura de la ley reconoció a la moneda digital "como un agregado de datos electrónicos capaz de ser aceptado como medio de pago" y le dio estatus legal, añadiendo, sin embargo, que "no puede ser usada al mismo tiempo para pagar ningún bien o servicio".