El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur ha anunciado que, a partir de 2022, algunos ciudadanos y empresas del país estarán obligados a informar de sus participaciones en plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras a efectos fiscales, según ha informado hoy Forkast.

De acuerdo con la publicación, la agencia explicó que las nuevas reglas afectarán a los coreanos que tengan al menos 500 millones de wones coreanos ( alrededor de $450,000) de criptomonedas en sus cuentas en el extranjero al final de cada mes.

En el pasado, estos requisitos abarcaban tanto los depósitos bancarios extranjeros como los ahorros, las acciones, los bonos, los fondos, los derivados y los productos de seguros.

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Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2022, estas normas de declaración se ampliarán para incluir también las criptomonedas. Así, los coreanos tendrán que declarar sus correspondientes tenencias de activos digitales en el extranjero por primera vez en junio de 2023.

Los coreanos que no declaren sus criptomonedas se enfrentarán a una multa de hasta el 20% de sus activos digitales no declarados o declarados de forma insuficiente. Al mismo tiempo, si las criptomonedas no declaradas tienen un valor superior a 5.000 millones de wones ( $4,5 millones), los propietarios pueden enfrentarse a cargos penales.

Los impuestos sobre las criptomonedas en Corea del Sur cobran fuerza

Mientras tanto, las autoridades surcoreanas también se preparan para implantar un impuesto sobre la renta para el comercio de criptomonedas. De acuerdo con la nueva normativa, recientemente aplazada hasta 2022, los beneficios del comercio de criptomonedas incurrirán en un impuesto del 20% si superan los 2,5 millones de wones (unos $2.000) en un año.

Curiosamente, una encuesta mostró que aproximadamente el 54% de los surcoreanos están a favor de los próximos impuestos sobre las ganancias de capital de las criptomonedas.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) también ha ordenado recientemente a sus funcionarios que participan en la elaboración de políticas relacionadas con las criptomonedas que informen de sus propias inversiones en criptomonedas.

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La norma incluye a los empleados de la FSC encargados de elaborar las políticas sobre criptomonedas, así como a los encargados de supervisar y analizar las transacciones de criptomonedas sospechosas.

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