BlockFi Recibe Alivio Temporal Para Pagar Multa Pendiente de $30 Millones a La SEC

BlockFi, un prestamista de criptomonedas en bancarrota, víctima colateral del histórico colapso de FTX en noviembre pasado, ha obtenido un alivio temporal para resolver una multa pendiente de $30 millones impuesta por la SEC en febrero de 2022, según un documento judicial publicado el jueves.

Inicialmente, BlockFi acordó pagar $50 millones a la SEC y otros $50 millones en multas a 32 estados por no registrarse como proveedor de valores.

Según el documento presentado ayer, el saldo pendiente de BlockFi con la SEC asciende a $30,284,696.15, pero podrán ser reembolsados luego del reembolso a sus deudores.

La Comisión argumentó que sus reclamos contra el prestamista son "reclamos generales no garantizados" y tienen derecho a igualdad de condiciones con los deudores, pero acordó renunciar a la multa "para maximizar la cantidad que se puede distribuir a los inversores y evitar retrasos en dicha distribución".

Vida después de FTX

Cuando FTX presentó la bancarrota del Capítulo 11 en noviembre 11, BlockFi hizo lo mismo diecisiete días después, citando un agujero de $1 mil millones en su balance como resultado de la exposición al desacreditado excahnge y su empresa hermana, la firma de comercio Alameda Research.

Mientras iniciaba los procedimientos de bancarrota, BlockFi también comenzó a demandar al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, por supuestamente prometer acciones de Robinhood como garantía.

Según la presentación de bancarrota de BlockFi, la compañía debe dinero a más de 100,000 acreedores con pasivos que oscilan entre $1 mil millones y $10 mil millones.

En enero de 2023, al ex prestamista se le concedió la aprobación para vender sus activos restantes.

A principios de este mes, BlockFi presentó una demanda contra el Comisionado Bancario de Connecticut, Jorge Pérez, y la Comisión estatal por negarse repetidamente a aceptar su licencia de transmisor de dinero de Connecticut entregada.

Aunque BlockFi quiere renunciar a la licencia, la Comisión insiste en canalizar al prestamista a través de procedimientos judiciales.