Presidente del Paraguay Veta Proyecto de Ley de Criptomonedas y lo Devuelve al Congreso
El camino hacia un Paraguay con regulaciones suficientes para incluir a la industria de las criptomonedas dentro de sus planes políticos es largo y complejo. Algunos legisladores quisieron proponer una solución rápida, pero el presidente puso un alto a la iniciativa y la devolvió con objeciones.
El presidente de Paraguay vetó un proyecto de Ley que buscaba regular e impulsar la industria de las criptomonedas en el país.
Entre los argumentos se mencionan los conflictos de competencias, definiones y categorías incongruentes, y la dificultad de impulsar la industria minera en el futuro sostenible
Organizaciones que hacen vida en el ecosistema esperan una mayor discusión para crear una ley adecuada a la realidad jurídica del país y que satisfaga los argumentos mencionados en el veto presidencial.
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Paraguay deberá esperar para convertirse en el país soñado por los entusiastas de las criptomonedas.
Ayer, el presidente de la República, Mario Benítez, vetó el proyecto de Ley que Regula la Minería, Comercialización, Intermediación, Intercambio, Transferencia, Custodia y Administración de Criptoactivos o Instrumentos que Permitan el Control Sobre Criptoactivos. La Ley fue ampliamente cubierta en el ecosistema cripto porque sus proponentes la describían como una oportunidad para hacer del país un paraíso para la industria minera.
El Decreto 7692 firmado el 29 de Agosto de 2022 —adjunto al final del presente artículo— objetó en su totalidad la ley y ordenó su devolución al Congreso Nacional, poniendo fin a la iniciativa.
Toda Ley aprobada por el poder legislativo requiere de la orden de ejecución del Presidente de la República para entrar en vigencia y tener efectos vinculantes. En este caso, al no contar con el "ejecútese" del máximo representante del poder ejecutivo, la misma no entra en vigencia y no surte ningún efecto.
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¿Por Qué El Presidente Vetó la Propuesta de Ley?
En el texto, el Ejecutivo esgrime más de una decena de argumentos bajo los cuales asume su derecho de vetar la Ley. Entre los más importantes destacan:
La postura de la Administriación Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) en la que clasifican la minería como actividad de consumo electrointensivo y no industrial pues no genera valor agregado sino que constituye la prestación de un servicio de validación de transacciones.
Que los planes de tarifas aplicables dentro del marco de la ley no cubrirían los costos de explotación y márgenes establecidos en leyes ya vigentes.
Que el ministerio de Industria explicó que el impulso de la minería podría llevar a un escenario en el que Paraguay tuviese que importar energía eléctrica en los años venideros.
Que para la Subsecretaría de Estado de Economía, las políticas de minería de criptoactivos se consideran una actividad transitoria sin efectos a largo plazo en el desarrollo del país y con un componente agregado de riesgo ambiental.
Las preocupaciones del Banco Central del Paraguay en el sentido de que se daría pie para que emisores privados lancen instrumentos monetarios no avalados por esta institución y sin los mecanismos de seguridad y protección de otros activos.
Que el proyecto busca regular materias que aparecen dentro del marco de competencias de otros instrumentos legales
Paraguay Aún Puede Tener Una Buena Ley de Criptomonedas
Luis Benítez, un activista de software de código abierto y miembro de la Asociación de Blockchain del Paraguay, se pronunció con respecto a la situación. "Lo pedíamos, pero no lo esperábamos, aún hay un trecho que luchar," dijo a Decrypt, "la Asociación de Blockchain del Paraguay sigue preocupada por la forma en como se encaró el proyecto, que aún puede ser sancionado —si bien otras voces locales también se levantaron en contra en los últimos días."
La decisión podría dar paso para una discusión más extensa y menos apresurada. Benítez aseguró que existen organizaciones asociadas dentro del ecosistema que "piden racionalidad y mayor discusión para presentar un nuevo proyecto más realista y que abarque más puntos" que no se tomaron en cuenta durante la propuesta de Ley presentada al presidente.
