En Resumen
- El presidente argentino, Javier Milei, eliminó los impuestos propuestos sobre criptomonedas de la Ley Ómnibus para agilizar su aprobación y evitar debates prolongados en el Congreso.
- La omisión de impuestos cripto refleja la estrategia de Milei de retroceder ante la oposición pública y críticas a las propuestas iniciales, buscando consenso en aspectos más aceptables del proyecto de ley.
- Aunque comprar criptomonedas no generará impuestos, vender grandes cantidades con ganancias sí estará gravado, según expertos contables en Argentina, lo que destaca la naturaleza en evolución de la regulación y tributación de las criptomonedas.
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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha optado por eliminar los impuestos propuestos sobre las criptomonedas de un controvertido paquete de reforma que presentó al Congreso de la nación como parte de un movimiento estratégico para agilizar su aprobación y evitar debates prolongados sobre asuntos que considera menos críticos.
El proyecto de ley llamado "Ley Ómnibus", formalmente conocido como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", inicialmente incluía disposiciones que requerían que los contribuyentes declararan la propiedad de activos no declarados previamente, incluyendo criptomonedas. Sin embargo, al eliminar esas cláusulas, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que hay una mayor necesidad de desarrollo económico rápido y eficiencia legislativa.
"La parte impositiva era más pequeña y se retrasó su tratamiento", afirmó Francos, enfatizando el enfoque del gobierno en lograr consenso en aspectos más aceptables del proyecto de ley.
Con el cambio legislativo, las implicaciones para los poseedores de criptomonedas en Argentina siguen siendo un tema de preocupación y confusión. Al parecer, tener criptomonedas o pagar con ellas no está ni estará gravado, pero vender grandes cantidades con ganancias sí lo está.
"En el caso de una persona, simplemente comprar lo que la ley denomina 'moneda digital' no genera impuestos", dijo Marcos Zocaro, un contador con conocimiento del tema, al medio de noticias argentino iProUP. "El Impuesto a las Ganancias se aplica a las ganancias obtenidas por la venta, y también hay un umbral por debajo del cual no se debe pagar impuestos".
Para los inversores en criptomonedas, este cambio legislativo trae más matices. Por un lado, la decisión del gobierno alivia las preocupaciones inmediatas sobre el posible aumento de las obligaciones fiscales asociadas a la Ley Ómnibus. Por otro lado, subraya la naturaleza en evolución y a veces precaria de la regulación y tributación de las criptomonedas.
El ajedrez político de Milei
La omisión del impuesto cripto del proyecto de ley omnibus habla de una estrategia más amplia por parte de la administración Milei: dar unos pasos atrás después de una gran oposición pública, una serie de huelgas nacionales y protestas, y críticas importantes sobre las propuestas iniciales.
El objetivo de la Ley Ómnibus es principalmente introducir reformas económicas, sociales y administrativas integrales, que Milei dice que pueden fomentar el desarrollo económico y la libertad del país.
El proyecto de ley ha generado un importante debate debido a su amplio alcance y las reformas radicales que propone en diferentes sectores, incluyendo defensa, amnistía de capitales, moratorias fiscales, gravamen de activos personales, obras públicas, sistemas de pensiones, formalización laboral, privatización de empresas estatales, gravamen a las exportaciones, sector energético, salud mental, educación, leyes ambientales, reconfiguración de la administración del país e incluso nuevos procedimientos de divorcio.
Los críticos argumentan que el amplio alcance y los cambios radicales del proyecto de ley podrían comprometer potencialmente el marco democrático que Argentina ha cultivado en las últimas cuatro décadas.
Una de las principales preocupaciones gira en torno al enfoque del proyecto de ley sobre los derechos humanos y las instituciones democráticas. Los críticos argumentan que el proyecto de ley busca desmantelar procedimientos esenciales e implementar medidas regresivas, afectando aspectos básicos como el acceso a alimentos, vivienda y atención médica. La naturaleza desreguladora del proyecto de ley también se ve como una amenaza potencial, ya que podría llevar a la privatización de servicios públicos esenciales sin salvaguardias adecuadas para garantizar la calidad y la accesibilidad una vez que estos servicios estén en manos privadas.
Otro punto de controversia importante es la postura del proyecto de ley sobre la aplicación de la ley y las manifestaciones públicas. La postura punitiva del proyecto de ley sobre las protestas sociales redefine la protesta social como un delito contra el orden público y potencialmente somete una amplia gama de reuniones y concentraciones a nuevas restricciones y delitos. Los críticos dicen que esto revela los motivos autoritarios de Milei.
El partido de Milei tiene una minoría en el Congreso, lo que significa que es probable que su proyecto de ley enfrente resistencia, y explica por qué el ejecutivo está tratando de hacer concesiones en algunas áreas.
El Congreso tiene hasta el 15 de febrero para decidir el destino del polémico proyecto de ley.
Editado por Ryan Ozawa.