La minería de Bitcoin y otras criptodivisas estará prohibida en Irán en medio de la preocupación del gobierno por los altos niveles de consumo de energía, según anunció hoy el presidente Hassan Rouhani en la cadena de televisión estatal del país.
Según un informe de Bloomberg, la prohibición durará cuatro meses y se levantará el 22 de septiembre. Durante su discurso, el presidente Rouhani también señaló que alrededor del 85% de los mineros de criptomonedas en el país probablemente no tienen licencia.
La última restricción fue probablemente catalizada por una ola de apagones en varias ciudades importantes la semana pasada. Además del calor, la sequía y el aumento de la demanda de electricidad, las autoridades del país también mencionaron la minería de criptomonedas entre los factores que contribuyen a la escasez de energía.
El diputado Hossein Haghverdi declaró que los frecuentes apagones se están convirtiendo en "un grave problema de seguridad" e instó al gobierno a encontrar las verdaderas razones que los provocan.
Mientras tanto, un portavoz de una de las compañías eléctricas iraníes declaró a Arab News que el sábado tuvo que desconectar de la red eléctrica a cuatro organismos gubernamentales que hacían un uso excesivo. Al mismo tiempo, varias granjas mineras registradas habrían suspendido sus operaciones voluntariamente para ayudar a reducir el consumo de energía.
Simultáneamente, según un informe reciente de la firma de análisis de blockchain Elliptic, los mineros iraníes son responsables de alrededor del 4,5% de la tasa de hash total de Bitcoin en todo el mundo. Como resultado, las instalaciones mineras locales podrían estar generando monedas por valor de hasta 1.000 millones de dólares al año.
Últimamente, otros países han puesto en marcha sus propias medidas contra la minería de Bitcoin en medio de la creciente preocupación por su consumo de energía. En China, la región autónoma de Mongolia Interior -que anteriormente había atraído a los mineros de Bitcoin gracias a su abundante y barata energía de carbón- ha propuesto ahora incluir a ciertos mineros en la "lista negra" del sistema de crédito social del país.
A principios de mayo, se propuso un nuevo proyecto de ley en el Estado de Nueva York, que podría dar lugar a una suspensión temporal de la actividad minera local mientras se investiga su impacto medioambiental real.