En medio de las audiencias celebradas esta semana en el Senado de los Estados Unidos sobre el colapso del FTX, los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall han presentado hoy la Ley contra el Blanqueo de Dinero de Activos Digitales, que apunta a la industria de la criptomoneda con una serie de regulaciones propuestas que los críticos califican de autoritarias e inconstitucionales.

El proyecto de ley pretende imponer requisitos de "conozca a su cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) a los proveedores y participantes de la infraestructura blockchain que operan en Estados Unidos, incluidos los desarrolladores que crean software para redes descentralizadas e incluso los mineros y validadores que apoyan dichas redes.

El proyecto de ley de Warren y Marshall ordenaría a la Agencia de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) tratar a los proveedores de servicios de wallet, mineros, validadores y otros usuarios de la red como "empresas de servicios monetarios", según la declaración de Warren, y por lo tanto requerir KYC para los participantes junto con un requisito de programas contra el lavado de dinero (AML).

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El proyecto de ley también afectaría a las wallets de autocustodia, exigiendo a las plataformas y redes que identifiquen a dichos clientes y rastreen sus transacciones. FinCEN propuso tal regla en diciembre de 2020, contra la cual se pronunciaron muchas compañías y defensores de la industria de criptomonedas, pero aún no se ha implementado. El proyecto de ley busca finalizar ese proceso.

Además, el proyecto de ley prohíbe a cualquier institución financiera utilizar un servicio de mezclador de activos digitales u otras tecnologías de mejora de la privacidad. Los mezcladores suelen utilizarse para ocultar transacciones de criptomonedas entre carteras. El servicio de mezcladores de Ethereum más conocido, Tornado Cash, fue prohibido por el Tesoro de EE.UU. mediante sanciones en agosto.

"La criptoindustria debe seguir reglas de sentido común como los bancos, los corredores y Western Union, y esta legislación garantizaría que se apliquen las mismas normas en transacciones financieras similares", dijo Warren en un comunicado. "El proyecto de ley bipartidista ayudará a cerrar las lagunas de lavado de dinero cripto y fortalecer la aplicación para salvaguardar mejor la seguridad nacional de Estados Unidos".

La propuesta de ley ya ha suscitado un importante escrutinio por parte del sector de las criptomonedas. En un post de esta mañana, el lobby de defensa de las criptomonedas Coin Center condenó el proyecto de ley como "un asalto oportunista e inconstitucional a la autocustodia de criptomonedas, desarrolladores y operadores de nodos."

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"La Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales es un ataque directo al progreso tecnológico y también un ataque directo a nuestra privacidad y autonomía personal", escribió el Director de Investigación de Coin Center, Peter Van Valkenburgh.

"No se equivoquen, aunque se propone como una solución al posible blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el proyecto de ley es en realidad un repudio de los valores liberales y un avance hacia los tipos de vigilancia y control apreciados por autoritarios como Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un", añadió.

El proyecto de ley se presentó tras la quiebra en noviembre de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, cuyo fundador y antiguo CEO, Sam Bankman-Fried, fue detenido esta semana por la policía de Bahamas en medio de numerosas acusaciones penales de las autoridades estadounidenses.

Bankman-Fried se enfrenta a cargos de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), así como de la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Coin Center alega que el proyecto de ley no evitaría otro colapso similar al de FTX en el futuro.

"Este proyecto de ley se centra exclusivamente en la vigilancia financiera y no aborda ninguna de las cuestiones de control corporativo que llevaron al colapso de FTX", escribió Van Valkenburgh.

El proyecto de ley propuesto ha atraído un escrutinio similar al proyecto de ley de infraestructura del año pasado, que cambió la definición de "broker" del Servicio de Impuestos Internos para incluir a las empresas que comercian con criptoactivos, obligando a los intercambios a informar de las transacciones al gobierno. Se temía que ese proyecto de ley afectara también a los participantes en la red, como validadores y mineros, además de a los proveedores de monederos de criptomonedas y otros.

La regulación centrada en los monederos no alojados también ha ganado fuerza en Europa este año, con la Unión Europea votando a favor de imponer el KYC a dichos monederos en marzo, y el Reino Unido considerando una legislación similar este verano antes de desechar sus planes.

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