Gobierno de Venezuela tiene a Localbitcoins en la mira

El discurso del gobierno de Venezuela de hacer de ese país una “cripto nación” parece estar tomando un viraje con las últimas medidas adoptadas por la administración del presidente Maduro.

Recientemente, el Superintedente Nacional de Criptoactivos y Otras Actividades Conexas, Joselit Ramírez; hizo referencia a la preocupación por parte del gobierno respecto al uso que le dan en Venezuela a la plataforma Localbitcoins.

A pesar de que Localbitcoins es la plataforma de intercambio de criptomonedas con mayor solidez en el mundo, con una estricta política anti lavado de dinero (AML) y unas fuertes medidas de conocimiento del cliente (KYC), el Superintendente asegura que le preocupa el uso que se le da a esta plataforma en Venezuela, así como la preferencia de los traders por usar bancos privados.

“Por ejemplo, en Localbitcoins se manejan 400 mil millones (de bolívares) en la última semana al 2 de febrero... 400 mil millones que están concentrados en 3 bancos privados del país” explicó Ramirez, agregando que una investigación les dio la posibilidad “de establecer una de las preocupaciones que tiene el tema bancario que es una política en materia de prevención de legitimación de capitales”.

Las políticas de Localbitcoins no son suficientes para el gobierno, y más allá de trabajar en conjunto con la plataforma, Sunacrip decidió crear una Dirección junto con la Superintendencia que regula la actividad bancaria para establecer “estándares y criterios propios” para prevenir la legitimación de capitales a través de operaciones “criptofinancieras”.

Durante los últimos días, el gobierno ha estado tomando una serie de acciones polémicas en el ecosistema de criptomonedas venezolano. Recientemente decidió reformar el Impuesto al valor agregado para imponer una alícuota adicional de hasta un 25% en caso de que el pueblo pague por bienes y servicios con criptomonedas.

Así mismo, es importante destacar que ya en las Normas relativas a la Administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicables a instituciones del sector bancario emitidas en 2019, se consideraban clientes y actividades económicas de riesgo alto, a aquellas “personas naturales o jurídicas dedicadas habitualmente a la comercialización directa o indirecta de monedas virtuales”.

Por ahora, la reacción es heterogénea. Luis Castro, un trader venezolano, dijo a Decrypt que la medida busca “darle valor y fuerza a las casas de cambio nacionales”. Desde su punto de vista, “al final es el deber ser… Yo prefiero las casas de cambio, prefiero la confianza al momento de realizar mis operaciones”.

Por otra parte, existen críticos de la medida. Un ejemplo es Hever Castro quien compartió en twitter que desde el gobierno “no encuentran como crear demanda del Petro y buscan cerrar todas las vías para obligar a las personas [a] que les compren solo a ellos”.