Por André Beganski
9 min lectura
El ex empleado de Coinbase Ishan Wahi se declaró culpable el martes de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con una trama de operaciones con información privilegiada en la bolsa.
Pero aunque el Departamento de Justicia obtuvo el veredicto deseado, Wahi aún se enfrenta a los cargos que le imputa la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Y sus posibles consecuencias van mucho más allá de su persona.
El mismo día en que los fiscales federales presentaron cargos penales relacionados con el fraude electrónico el pasado julio contra Wahi, su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani, la SEC se sumó con cargos civiles y acusó a los tres de violar también las leyes de valores.
El caso se centra en que Wahi compartió información sobre los nuevos soportes de tokens en Coinbase para generar alrededor de 1,5 millones de dólares en beneficios mal habidos. Pero en su denuncia inicial, la SEC también afirmó que al menos nueve de los tokens involucrados en el esquema de operaciones con información privilegiada en Coinbase son valores ilegales.
Marisa Tashman Coppel, asesora de políticas de la Asociación Blockchain, dijo a Decrypt que el caso podría tener "enormes implicaciones en la industria" si el tribunal falla a favor de la SEC, ya que "inhibiría la [capacidad] de los creadores y desarrolladores para crear activos en el futuro."
La cuestión de si los activos digitales deben clasificarse como valores o commodities —bajo la autoridad de la SEC o de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)— ha sido un tema polémico en el ecosistema cripto. El presidente de la SEC, Gary Gensler, sólo ha dicho con firmeza que Bitcoin es una mercancía, afirmando que la mayoría de las demás criptomonedas son valores no registrados.
La SEC cree que los nueve activos digitales caen bajo la jurisdicción de la agencia porque son "contratos de inversión", que se producen cuando se invierte dinero en una empresa común con una expectativa razonable de que se obtendrán beneficios del esfuerzo de otros. Una sentencia favorable validaría esa postura, dijo Coppel.
Los nueve activos son AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) y Kromatika (KROM), seis de los cuales todavía están disponibles para negociar en Coinbase.
Coppel describió el caso como en parte una "cuestión de debido proceso" porque los creadores de los nueve tokens no son demandados en el caso de la SEC, sin forma de que intervengan en la demanda. "Si esto es indicativo de un patrón más amplio que la SEC está llevando a cabo, podría ser realmente problemático para la industria", dijo.
Una sentencia que declare que los hermanos Wahi y Ramani violan la ley de valores también podría afectar a otros en el espacio de activos digitales, potencialmente exigiendo a los desarrolladores que se registren en la SEC cuando lancen tokens o implicando a Coinbase y otras bolsas como lugares que facilitan la venta de valores ilegales.
"En teoría, las otras personas que comercian, compran o venden esos tokens también estarían infringiendo las leyes sobre valores", dijo Coppel.
Los abogados de Wahi han argumentado en contra de la posición de la SEC. El lunes solicitaron la desestimación de los cargos de la SEC basándose en que los activos digitales en cuestión no cumplen las condiciones necesarias para ser considerados un contrato de inversión.
Argumentan que los tokens carecen de los "ingredientes esenciales" de un contrato de inversión, como un contrato propiamente dicho, que impone al vendedor obligaciones posteriores a la venta, como el derecho legal a participar en los beneficios.
"La SEC no alega —ni puede alegar— que los tokens impliquen contratos entre promotores y poseedores de tokens", afirma la moción. "De hecho, los tokens no imponen ninguna obligación legal a sus desarrolladores después del momento de la venta".
Los abogados de Wahi sostienen que las compras de tokens realizadas en un mercado secundario "no son diferentes de cuando alguien compra una tarjeta de béisbol" porque los compradores envían su dinero a terceros no relacionados, como intercambios, en lugar de poner ese dinero en una empresa común.
El caso representa un intento de la SEC de dar forma a la regulación de los activos digitales a través del sistema judicial. Los críticos de este enfoque lo han denominado "regulación a través de la aplicación", optando por establecer normas persiguiendo a los malos actores percibidos en lugar de establecer normas claras con la posibilidad de que la gente proporcione información.
Cuando la SEC presentó cargos por fraude de valores en relación con la trama de operaciones con información privilegiada en Coinbase, los comentarios de Caroline Pham, Comisaria de la CFTC, pusieron de relieve cómo la sentencia podría configurar el espacio de los activos digitales.
"Las acusaciones de la SEC podrían tener amplias implicaciones más allá de este caso concreto", escribió. "Las cuestiones importantes se abordan mejor a través de un proceso transparente que involucra al público".
El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, también se opuso al bombardeo regulatorio de la SEC poco después de que presentara cargos. "En lugar de elaborar normas adaptadas de manera inclusiva y transparente, la SEC se basa en este tipo de acciones puntuales para tratar de incluir todos los activos digitales en su jurisdicción", dijo.
El marco de lo que constituye un contrato de inversión en valores se remonta a 1946. El Tribunal Supremo dictaminó que la venta de parcelas en una plantación de cítricos por parte de William John Howey eran valores no registrados debido a un contrato de servicios por el que se ofrecía a cuidar la tierra y vender productos para quienes compraran las parcelas frutales.
"En este caso, la SEC recurre a una interpretación novedosa de un término aislado de una ley de la era de la Depresión para ejercer su autoridad reguladora sobre un sector que mueve un billón de dólares y que se basa en una tecnología revolucionaria que está a punto de definir la próxima generación de Internet", argumentaron los abogados de Wahi.
Pero no todos los funcionarios de la SEC están de acuerdo con Gensler en lo que respecta a la llamada prueba Howey —el método de cuatro aristas de la agencia para determinar si existe un contrato de inversión. En un episodio del podcast de Decrypt Gm!, la comisaria de la SEC Hester Peirce dijo que la prueba tiene algunas limitaciones, una de ellas es su permanencia.
"Hemos dicho que los naranjitos van a ser tratados como un valor a perpetuidad", dijo, y agregó que una aclaración de la SEC sobre cómo un token podría pasar de un valor a una mercancía con criterios específicos ayudaría a calmar algunas preocupaciones con la lógica de la SEC.
"Si fuéramos más precisos, creo que habría menos objeciones a la aplicación de la prueba Howey y a decir: 'Oye, esa primera vez que lo vendiste, bien podría haber sido una oferta de valores', pero eso no significa que el token siga siendo un valor durante el resto de su vida", dijo Peirce.
La prueba Howey es también un punto de fricción en otros casos en los que la SEC ha perseguido a jugadores en el espacio criptográfico mientras calificaba los tokens de valores no registrados. Una demanda en curso presentada a finales de 2020 contra Ripple Labs, su cofundador Christian Larsen y su CEO Brad Garlinghouse, acusó a la compañía de recaudar $1,3 mil millones en ofertas de valores no registradas desde 2013 a través de la venta del token XRP.
En septiembre, Ripple y la SEC presentaron mociones solicitando un juicio sumario, pidiendo que se desestimara el caso y se dictara sentencia a favor de cada parte. Y aunque los expertos en derecho han especulado con que es probable que la SEC pierda el caso si va a juicio, Coinbase hizo movimientos para apoyar la posición legal de la empresa el pasado noviembre.
La empresa pidió a la juez Analisa Torres —que supervisa el caso de Ripple en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York— que presentara un documento en apoyo de la posición jurídica de Ripple. Un punto clave era que los activos digitales negociados en bolsa no otorgan a los particulares la propiedad de una empresa ni les permiten participar en los beneficios de una firma a través de dividendos, a diferencia de lo que ocurre con algunas acciones.
Aunque estos casos podrían tener amplias implicaciones para el criptoespacio, no tendrían valor de precedente, dijo Coppel, explicando que los jueces de otros distritos federales podrían encontrar persuasivas las lecturas, pero no están obligados por ellas.
Sin embargo, si son apeladas, esas sentencias podrían empezar a sentar un precedente en partes de los Estados Unidos a medida que se abren camino a través del sistema de tribunales federales, convirtiéndose potencialmente en la ley del país si alguna vez llegan al Tribunal Supremo.
En cualquier caso, parece que la SEC no dejará de aplicar medidas coercitivas a corto plazo. Los informes indicaron el miércoles que el intercambio de criptomonedas Kraken está siendo investigado por violar potencialmente la ley de valores por la agencia, con un acuerdo que posiblemente se alcance en cuestión de días.
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