Por Jeff Benson
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¿Recuerdan el gran alboroto de este mes en torno a una disposición de impuestos sobre las criptomonedas incluida en el proyecto de ley de infraestructuras del Senado de EE.UU, de $1 billón de dólares?
Prepárense para la Parte II.
El gobierno de Biden quiere incorporar nuevos requisitos de información sobre las criptomonedas en un próximo proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de $3,5 billones de dólares, según un informe publicado hoy en Roll Call que cita a un funcionario anónimo del gobierno. El lenguaje requeriría que las empresas estadounidenses de criptomonedas, es decir, las plataformas de intercambio, informen sobre los datos de los usuarios no estadounidenses; esa información podría intercambiarse con otros países para asegurarse de que los operadores de criptomonedas paguen impuestos.
Nada de esto está en el paquete de gastos tal y como está constituido actualmente, que ha sido diseñado a prueba de filibusterismo pero que necesitará los 50 votos demócratas en el Senado para ser aprobado. El marco presupuestario de $3,5 billones de dólares incluye dinero para la educación preescolar universal, la mitigación del cambio climático y la sequía, la asequibilidad de la vivienda y la energía limpia. Los demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes lo están impulsando frente a la oposición de los republicanos.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del presidente Biden, ya ha insinuado el intercambio de información con otros países como forma de conseguir que los titulares de activos de criptomonedas paguen a la hora de los impuestos. El Tesoro cree que estos actores están creando entidades corporativas para jugar a un juego multimillonario con intercambios y carteras en el extranjero. Para tomar medidas, Estados Unidos necesita información de otros países. Y para obtener esa información, tiene que venir con información propia para intercambiar, de ahí los requisitos de información revisados.
Este mismo mes, Coin Center y el grupo de defensa Blockchain Association se pronunciaron en contra del paquete de infraestructuras de $1 billón de dólares que se votará en la Cámara en septiembre. Ese proyecto de ley incluía una disposición de última hora que redefinía a quienes comercian con activos digitales como "intermediarios", haciéndolos responsables de compartir información fiscal con el IRS.
Aunque el propósito de la disposición era pagar los $28.000 millones de dólares del proyecto de ley mediante el endurecimiento de los requisitos de información fiscal, los detractores argumentaron que el lenguaje era demasiado amplio y podría requerir que los mineros y validadores reunieran información sobre el nombre y la dirección de las personas cuyas transacciones están procesando—una tarea casi imposible que envió a la industria a una crisis existencial.
Un esfuerzo liderado por la industria para enmendar el proyecto de ley fracasó en el Senado, y la Cámara de Representantes ha confirmado un procedimiento que asegura que tampoco puede ser enmendado allí, aunque la administración ha insinuado que no está interesada en aplicar la nueva norma a los actores no custodios.
Sin embargo, si el informe de Roll Call es exacto y la administración convence a los demócratas del Congreso para que incluyan más lenguaje de criptomonedas en otro proyecto de ley, es probable que los defensores de la criptomoneda se sientan perjudicados, independientemente de los méritos.
"No nos oponemos a los requisitos de presentación de informes de impuesto sobre las criptomonedas (de hecho, hemos pedido orientación sobre la presentación de informes durante años)", escribió el director ejecutivo de Coin Center, Jerry Brito, en Twitter. "Nos oponemos a las adiciones de última hora a los proyectos de ley 'que deben pasar' fuera del orden regular y con poca o ninguna participación del público".
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