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La reciente decisión del gobierno de Venezuela de regular la minería de Bitcoin ha dado, en esencia, al gobierno de Nicolás Maduro un monopolio sobre la industria y sus componentes asociados, desde la venta de equipos hasta el hosting.
Pero nadie se ve más afectado que los propios mineros. Al estar obligados a participar en un Pool Nacional de Minería Digital, podrían encontrarse en una situación difícil: Pueden optar por ser objeto de sanciones del gobierno de Venezuela al violar la nueva ley minando con una pool privada, o pueden ser objeto de sanciones de los Estados Unidos por llevar a cabo actividades económicas en colaboración con el gobierno venezolano.
En 2018, el presidente Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva que imponía sanciones adicionales a Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro.
La orden señalaba que Venezuela había intentado eludir las sanciones en el pasado emitiendo el Petro, una criptomoneda nacional supuestamente vinculada al precio del petróleo venezolano y commodities. La orden dejó claro que cualquier transacción que intentara eludir las sanciones de EE.UU. estaba prohibida. Advertía explícitamente "a cualquier persona que sea propiedad o esté controlada por el Gobierno de Venezuela o que actúe en su nombre"
La orden ejecutiva ha ahuyentado a varios proveedores de servicios, que han optado por cesar sus operaciones en Venezuela en lugar de enfrentarse potencialmente a sanciones que dificultan el trabajo con el sistema bancario del país. El más reciente en irse fue Paxful, un popular intercambio de Bitcoin peer-to-peer, pero la lista incluye Transferwise, Payoneer, Coinbase y Kraken entre otros.
La parte más controvertida de la nueva ley de Venezuela, el artículo 19, obliga a los mineros a participar en un Pool Nacional de Minería Digital bajo la dirección de SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Otras Actividades Conexas. El incumplimiento de esta orden los expone a multas y sanciones estipuladas en el ordenamiento jurídico nacional.
Cada vez que el pool nacional venezolano mina un bloque, las ganancias deben ser distribuidas entre todos sus miembros. Debido a que Bitcoin es transparente, es fácil identificar qué pool minó un bloque específico. A través del análisis de la cadena de bloques, también es posible rastrear cómo se distribuyeron las ganancias posteriormente. Así que un tercero —digamos una exchange o el gobierno de los Estados Unidos— podría poner en una lista negra e incluso moverse para incautar las direcciones vinculadas a ese pool.
Esta sería es una maniobra que José Angel Alvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas de Venezuela (Asonacrip), no prevé. Le dijo a Decrypt, "Creemos que no hay orden ejecutiva o bloqueo tecnológico, político o financiero que pueda detener la tecnología de las blockchain, por lo que es imposible bloquear las transacciones o direcciones asociadas con ese pool nacional".
Anibal Garrido, un instructor profesional de trading, no está de acuerdo. Le dijo a Decrypt: "Creo que las direcciones relacionadas con el pool nacional de minería podrían verse afectadas negativamente, especialmente considerando que compañías como Chainalysis se dedican exclusivamente a rastrear información en ese sentido".
El mes pasado, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculó 280 cuentas de criptomonedas a hackers norcoreanos y presentó una demanda de confiscación civil para embargar las cuentas, lo que dificultó el acceso de los propietarios originales a los activos que contenían. En resumen, si el Departamento de Justicia actuara de manera similar con los mineros venezolanos, estos podrían tener problemas para cambiar sus ganancias digitales por dinero.
Para que quede claro, con esta proclamación Venezuela no está legalizando la minería de Bitcoin porque, de hecho, la actividad nunca ha sido ilegal. Sin embargo, la industria no ha sido del agrado de las autoridades. Como Decrypt informó anteriormente, los cripto-mineros han sido objeto de redadas gubernamentales y se les ha incautado su equipo en muchas ocasiones de manera injustificada.
Algunos esperan que esta nueva ley ponga fin a esa situación, incluso si eso significa cambiar de pool. "Nosotros los mineros nos adaptamos a cualquier cosa", dijo Juan Blanco, CEO de la empresa consultora de criptomonedas BitData. "Lo que queremos es producir en esta nueva era, porque siempre será rentable minar Bitcoin en Venezuela."
Y Asonacrip está preparando una serie de eventos para discutir la ley y proponer cambios. "La próxima semana haremos una cumbre abierta donde diferentes especialistas hablarán del tema", dijo José Angel Álvarez. Uno de los posibles puntos de mejora es que la ley "permita a las empresas privadas construir sus propias pools de minería de Bitcoin en Venezuela".
Lástima que eso sea ilegal ahora mismo.
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