Por Scott Chipolina
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La Red para la Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) está a punto de recibir un aumento en su presupuesto del 50% para ayudar a salvaguardar el sistema financiero.
De acuerdo con una solicitud de presupuesto discrecional del Presidente Biden, con el aumento del prespuesto asignaría $191 millones de dólares a la FinCEN—$64 millones de dólares encima de su presupuesto original para 2021—lo que permitiría a la oficina cerrar "lagunas en los requisitos de información financiera" que permiten a los "actores ilícitos" evadir el escrutinio y enmascarar sus transacciones.
El aumento presupuestario solicitado se destinaría a la creación de una base de datos que rastree la propiedad y el control de "determinadas empresas y organizaciones" con el fin de evitar el uso de estructuras corporativas complejas para ocultar actividades ilegales.
Sin embargo, el presupuesto de la oficina aún no está grabado en piedra. El Congreso todavía tiene que elaborar sus propias propuestas de gasto discrecional, y se espera que el Presidente Biden haga pública una propuesta más detallada a finales de este año.
Las normas de transparencia propuestas por el FinCEN se encontrarón repetidamente con la comunidad de criptomonedas. En enero de 2020, la oficina propuso una enmienda a la Ley de Secreto Bancario que obligaría a los ciudadanos estadounidenses a revelar que criptomonedas mantienen en el extranjero.
Sin embargo, nada ha generado tanto rechazo como la propuesta de la oficina de diciembre de 2020, que requeriría que las plataformas de intercambio de criptomonedas realizar comprobaciones KYC en las wallet privadas de los usuarios.
Los grupos de libertades civiles y empresas de criptomonedas se han manifestado en contra de la propuesta; la empresa de pagos Square argumentó que creará "incentivos perversos" que llevarán a los clientes de criptomonedas a evitar los negocios regulados, mientras que la Electronic Frontier Foundation ha afirmado que podría llevar a que se exponga todo el historial de transacciones de criptomonedas de los usuarios.
"En mi opinión, una de las cosas más importantes de la criptomoneda es que importa los beneficios de las libertades civiles del dinero en efectivo a la esfera digital al permitir las transacciones anónimas", dijo a Decrypt a principios de este mes Marta Belcher, que da asesoramiento especial a la Electronic Frontier Foundation.
La FinCEN, por su parte, afirma que la norma es necesaria para evitar que las criptomonedas se utilicen con fines ilícitos; y no le falta razón, ya que el año pasado los mercados de la red oscura generaron más ganancias que nunca.
El aumento presupuestario propuesto para FinCEN sigue a la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en enero, a pesar del intento del entonces presidente Trump de vetar la legislación.
Como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, las empresas que operan en Estados Unidos están obligadas a comunicar a la FinCEN información sobre los dueños beneficiados. La ocultación de beneficiados ha sido una técnica muy utilizada por quienes desean ocultar actividades delictivas.
A pesar de la aprobación de la NDAA, el gobierno se ha enfrentado a continuas llamadas para reforzar los recursos del FinCEN en la lucha contra la delincuencia financiera. Josh Rudolph, miembro de Finanzas Malignas de Secure Democracy, ha defendido públicamente que el Congreso haga más en la lucha contra la delincuencia financiera.
Y aunque Rudolph ha tomado bien el aumento del presupuesto propuesto, cree que el presupuesto del organismo regulador debería duplicarse.
La solicitud de presupuesto total abarca $1,52 billones de dólares de financiación discrecional—lo que sitúa la parte propuesta por FinCEN en torno al 0,012% del total del presupuesto.
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