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Una reciente decisión del gobierno de Brasil ha provocado un conflicto legal y político entre el presidente, el ejército y el poder judicial del país.
Según informes de la prensa regional, el presidente brasileño Jair Bolsonaro puede haber violado la Constitución al cerrar un proyecto militar que pretendía utilizar una plataforma blockchain para rastrear armas y otros artículos controlados.
El Ministerio Público de Brasil dijo que abrió dos investigaciones judiciales contra el Presidente Bolsonaro por sospecha de interferir con las funciones de la policía federal y obstruir las operaciones militares.
El origen de la controversia son las ordenanzas nacionales (Colog Nº 46, 60 y 61) publicadas en marzo de este año. Según estas leyes, el Comando de Logística del Ejército Brasileño pasó a tener la tarea de crear el Sistema Nacional de Monitoreo de Productos Controlados (Sisnar).
El sistema utilizaba tecnología blockchain para rastrear la cadena de suministro de los productos controlados por el Ejército brasileño, desde la compra de armas, municiones y otros artículos hasta su distribución en los mercados de consumo.
Si bien el ejército en ese momento no especificó el tipo de blockchain que se utilizaría, es de suponer que sería una red permisionada (es decir, privada) controlada internamente por el ejército.
La idea era que este sistema permitiera un control más estricto de la circulación de armas de fuego en el país —Brasil tiene 14 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según cifras de la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Sin embargo, el Presidente Bolsonaro se opuso al sistema de rastreo de armas basado en cadenas de bloque. "Tiradores y coleccionistas de armas: He decidido revocar las Ordenanzas COLOG nº 46, 60 y 61, de marzo de 2020, que abordan el rastreo, la identificación y el marcado de armas, municiones y otros productos controlados, porque no se ajustan a mis directrices definidas en los decretos", dijo el presidente en su cuenta oficial de Twitter.
Conocido por su postura pro-armas, las palabras de Bolsonaro pueden no haber sorprendido a los observadores políticos. Pero aparentemente fue la gota que colmó el vaso para otras ramas del gobierno de Brasil.
La fiscal brasileña Raquel Branquinho acusó a Bolsonaro de violar el orden constitucional, impidiendo que el Ejército pudiera proteger eficazmente a los ciudadanos brasileños mediante el control del uso de armas y municiones.
Mientras tanto, otra investigación contra Bolsonaro está siendo dirigida por el Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano y la Cámara de Control Externo de la Actividad Policial y el Sistema Penitenciario. Los abogados planean pedir al Ejército que continúe con su proyecto propuesto, a pesar de la interferencia del presidente.
Si un tribunal brasileño revoca la decisión de Bolsonaro, la tecnología blockchain facilitaría el rastreo de las armas incautadas a los delincuentes. Pero podría afectar a la industria armantística por la que Bolsonaro tiene afinidad, y que ha prometido proteger desde que hacia campaña para la presidencia.
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