Por Jeff Benson
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Es la temporada de elaboración de normas en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Lo que significa que los grupos de presión y los grupos de reflexión centrados en la criptomoneda están en alerta máxima.
El grupo de defensa Coin Center, con sede en Washington D.C., llama la atención sobre la propuesta de la SEC de redefinir el término “plataforma de intercambio" dentro de la Ley de Intercambio de Valores para "incluir los sistemas que ofrecen el uso de protocolos de comunicación e intereses comerciales no firmes para reunir a compradores y vendedores de valores".
En una carta de comentarios dirigida hoy a la agencia, Coin Center califica la norma de "inconstitucional".
El cambio de una definición dentro de una ley redactada por primera vez en 1934 puede parecer aburrido, sobre todo cuando se coloca en el lenguaje más arcano imaginable, pero las consecuencias son reales. Las entidades que entren en esa definición deberán registrarse en la SEC. Según el director de investigación Peter Van Valkenburgh, eso incluiría a "cualquiera que escriba o distribuya software [de intercambio descentralizado]", aunque la agencia nunca mencione a DeFi o a las criptomonedas.
Las finanzas descentralizadas (DeFi) se refieren a un grupo de tecnologías basadas en la blockchain que permiten a las personas realizar transacciones de igual a igual, es decir, sin un intermediario. Dentro de DeFi, los intercambios descentralizados permiten a la gente comerciar con tokens sin depender de que un tercero se haga cargo de la custodia de los activos que se comercian.
En opinión de Van Valkenburgh, la redefinición equivale a pasar de la regulación de la conducta a la regulación del "discurso como discurso" porque afecta a los editores de software que ponen a disposición "protocolos de comunicación".
Coin Center escribe que, aunque el cambio pretende incluir a otras "organizaciones de servicios financieros" bajo el paraguas de la ley, "la forma en que lo hace, sin embargo, crearía una norma de registro inapropiadamente amplia que impondría una restricción previa inconstitucional a las actividades de expresión protegidas de innumerables desarrolladores de software y tecnólogos".
Según Van Valkenburgh, los intentos de restricción previa del discurso como discurso "son siempre inconstitucionales".
En una hoja informativa sobre la propuesta de modificación de las normas, la SEC escribe que los "sistemas de protocolo de comunicación" deben someterse a los actuales requisitos de registro en bolsa porque "los participantes en el mercado que utilizan estos sistemas no se benefician de la misma protección de los inversionistas ni de los principios de un mercado justo y ordenado que se aplican a las bolsas y los ATS registrados en la actualidad". Continúa: "Esta propuesta está diseñada para abordar este vacío normativo y las actuales disparidades que afectan a los equilibrios competitivos entre los mercados de valores similares".
Van Valkenburgh dijo a Decrypt, sin embargo, que como la SEC no hace referencia a la criptomoneda, "no está claro si tenían la intención de que su lenguaje propuesto cubriera esas actividades y simplemente no lo discutieron, o si eso sería una consecuencia no intencionada."
Otros también ven las consecuencias para DeFi. Spence Purnell, director de política tecnológica de la fundación libertaria Reason Foundation, señaló: "Si tecnologías como las finanzas descentralizadas y los contratos inteligentes estuvieran destinadas a ser captadas por el cambio de norma, deberían ser consideradas explícitamente. Como no lo están, deberían ser excluidas explícitamente".
Coin Center cree que el caso es claro, por lo que insta a la SEC a replantearse el proyecto para evitar que el Tribunal Supremo pierda el tiempo (o retrase a los promotores). La carta de comentarios cita un caso del Tribunal Supremo de 1985 en el que se demandó a la SEC por la prohibición de publicar boletines con consejos sobre acciones. La ley de la SEC fue anulada, y el entonces juez Byron White estableció una prueba para diferenciar entre la regulación de la conducta y la censura de la expresión.
El resultado final: El discurso no está sujeto a registro.
El periodo de comentarios públicos sobre la norma propuesta se cierra el 18 de abril, tras lo cual la SEC determinará si incorpora algún cambio como parte de una norma final.
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