Por Scott Chipolina
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Las criptomonedas ilícitas, sancionadas o robadas han sido noticia, con el caso de Bitfinex contra Heather Morgan y su marido, Ilya Lichtenstein, y las protestas contra las vacunas en Canadá como dos ejemplos recientes.
Pero con tantos defensores de Bitcoin que describen la criptomoneda insignia como "dinero de la resistencia" -una forma de moneda que no puede ser censurada por los gobiernos o las fuerzas del orden- surge la pregunta: ¿Cómo se recupera realmente el Bitcoin mal habido?
La respuesta corta es que realmente no hay una respuesta corta. No hay una estrategia o proceso sencillo que los gobiernos puedan utilizar, y la mayoría de las pruebas hasta ahora sugieren que los gobiernos están reaccionando caso por caso.
"Debido a que la criptomoneda se ha convertido en un componente tan integral de la ciberdelincuencia hoy en día, especialmente cuando se trata de ransomware, el gobierno de Estados Unidos se ha centrado recientemente en la búsqueda de formas de recuperar los fondos ilícitos guardados en carteras digitales. Un gran ejemplo de esto es el anuncio del FBI del lanzamiento de la Unidad de Exploración de Activos Virtuales la semana pasada", dijo a Decrypt el ex analista del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas de Abnormal Security, Crane Hassold.
Crane añadió que no se han revelado los métodos precisos de cómo el gobierno estadounidense recupera esos fondos, y que "no esperaría que el gobierno estadounidense hiciera públicas esas tácticas".
Entonces, ¿qué podemos determinar a partir de los ejemplos recientes de dominio público?
El ejemplo más reciente -y podría decirse que el más destacado- de un gobierno que confisca Bitcoin ocurrió el mes pasado en Estados Unidos.
El 8 de febrero, Morgan y Lichtenstein fueron detenidos y acusados de conspirar para blanquear Bitcoin en relación con el hack de Bitfinex en 2016. El Departamento de Justicia incautó de 3.600 millones de dólares de la criptomoneda estrella.
La incautación, según la vicefiscal general Lisa O. Monaco, representó la "mayor incautación financiera del Departamento de Justicia", que demostró que " las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes."
Según la denuncia penal que acompañó a las detenciones de ambas partes, los fondos incautados por las fuerzas del orden permanecen "asegurados en posesión del Gobierno de los Estados Unidos."
Entonces, ¿cómo lo hizo el Departamento de Justicia?
En este caso, la incautación fue relativamente sencilla. Lichtenstein almacenaba sus llaves de criptomonedas -esencialmente los códigos de acceso a los monederos de criptomonedas- en la nube. Una vez obtenidas las órdenes de registro, los agentes de la ley pudieron acceder a un archivo que contenía 2.000 direcciones de monedas virtuales y las correspondientes claves privadas.
"Creo que todo el caso se resolvió principalmente por la mala infoseguridad de los presuntos delincuentes", dijo recientemente a Decrypt el programador informático y crítico de las criptomonedas Stephen Diehl.
La policía del Reino Unido se apoderó de millones en criptodivisas: la semana pasada, la policía del Gran Manchester devolvió más de 5 millones de dólares a las víctimas de una estafa internacional, tras recuperar una memoria USB que contenía casi 10 millones de dólares en Ethereum robado.
Se encontraron otros 12,7 millones de dólares en lo que se describió como una "caja de seguridad de criptomonedas".
Según numerosas solicitudes de libertad de información, la policía británica ha incautado un total de 435 millones de dólares en Bitcoin ilícito hasta enero de 2022.
Aunque pueda parecer una cifra elevada, el Reino Unido y Estados Unidos tienen normas diferentes en lo que respecta a estas incautaciones. De acuerdo con la Ley de ganancias del crimen del Reino Unido, la criptomoneda se clasifica como propiedad, no como dinero en efectivo, lo que significa que las autoridades deben esperar hasta que un sospechoso sea condenado antes de recuperar la criptomoneda. Si se considerara dinero en efectivo, podría ser incautado simplemente por la sospecha de que está vinculado a una actividad delictiva.
En otras ocasiones, los gobiernos simplemente no pueden acceder a la criptodivisa que persiguen -por ejemplo, si esos fondos existen en billeteras de criptodivisas no custodiadas en las que no se puede apuntar a terceros- y en esos casos simplemente congelan los fondos.
El 15 de febrero, el gobierno canadiense invocó la Ley de Emergencias con la intención de restringir el flujo de fondos a los conductores de camiones - apodados colectivamente el "Convoy de la Libertad" - de protestar contra la política de COVID-19 de la nación.
Esto permitió al gobierno congelar las cuentas bancarias sin una orden judicial. El gobierno también emitió una orden judicial Mareva, que llegó el 17 de febrero como parte de una demanda más amplia contra los manifestantes.
Esto, según Paul Champ, un abogado de los residentes de Ottawa (los demandantes), es la "primera orden Mareva exitosa en Canadá dirigida a Bitcoin y a los intercambios de criptodivisas."
Como parte de la orden, los manifestantes del convoy están restringidos de vender, retirar, disipar, enajenar o transferir cualquier activo, incluido el cripto, que se haya recaudado directamente para apoyar las protestas. Otros 150 monederos de criptomonedas han sido objeto de la orden judicial.
Los afectados por la orden judicial tienen que presentar una "declaración jurada" que describa la naturaleza, la ubicación y el valor de sus posesiones, o se arriesgan a ser declarados en desacato.
Por supuesto, estos desarrollos deben ser vistos en el contexto más amplio de wallets alojadas vs. no alojadas, o wallets con custodia vs. sin custodia.
Los CEOs de Coinbase y Kraken han comentado cada uno de ellos sobre las protestas del convoy, argumentando la importancia de las carteras no alojadas, o no custodiadas.
Esto no sólo ha levantado la ira de los reguladores canadienses, ha puesto de relieve un matiz importante en cualquier discusión sobre cómo los gobiernos pueden incautar criptomonedas.
"El problema con una cartera no alojada es, ¿cuál es su punto de dolor?" dijo Amanda Wick, ex jefa de asuntos legales de Chainalysis, a The Associated Press. "Lo único que tenemos es el desacato civil o la condena penal. Si alguien está dispuesto a sentarse en la cárcel y el dinero es suyo en el otro lado porque nadie puede acceder a él, eso es un problema."
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