Por Tim Hakki
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El Congreso ha aprobado un proyecto de ley de 1,2 billones de dólares para mejorar la infraestructura de Estados Unidos a través de una serie de medidas, incluyendo la imposición de impuestos a los criptointermediarios.
El proyecto de ley, que se aprobó en el Congreso con una votación final de 228-206, señala un momento histórico para las criptomonedas en Estados Unidos. Al redactar la legislación, los senadores insertaron una disposición que cambia la definición de "corredor" del Servicio de Impuestos Internos para incluir a las organizaciones que comercian con criptoactivos.
Esto significa que, si el proyecto de ley es firmado por el presidente Biden, los intercambios de criptomonedas centralizados como Coinbase serán considerados "corredores" y tendrán que reportar sus transacciones directamente al IRS.
Los corredores tendrán que presentar formularios 1099 revelando los nombres y direcciones de sus clientes. Se cree que el gobierno podría recaudar 28.000 millones de dólares más en impuestos a través de las criptomonedas como resultado de los requisitos de información propuestos.
Cuando se redactó el proyecto de ley, las empresas de criptomonedas expresaron su preocupación por el hecho de que la nueva definición de "corredor", si se interpreta de forma poco liberal, podría incorporar a los mineros de criptomonedas, a los validadores e incluso a las empresas de carteras de criptomonedas y a los desarrolladores de dApps. Dado el anonimato descentralizado de una amplia franja del criptoverso, cumplir con los requisitos de información más estrictos es inviable.
A principios de agosto, cuando se estaba redactando la legislación, el Senado rechazó una enmienda para eximir a las criptoentidades no custodiadas de los nuevos requisitos de información fiscal.
La enmienda Toomey-Warner-Lummis-Sinema-Portman quería aclarar que los actores no custodios, como los mineros, los validadores, los proveedores de monederos y los desarrolladores de protocolos, no estarían obligados a informar al IRS.
El senador Richard Shelby trató de hacer coincidir su propia enmienda -un aumento de 50.000 millones de dólares en el gasto militar- con la propuesta de Toomey-Warner-Lummis-Sinema-Portman. El senador Toomey pidió entonces a la sala la aprobación por unanimidad, pero el senador Bernie Sanders la torpedeó.
El senador Ted Cruz pidió entonces que se eliminaran las disposiciones sobre las criptomonedas. El senador Shelby trató entonces de adherir su enmienda sobre el gasto militar a la de Cruz, pero cuando éste se negó, Shelby rechazó la enmienda como venganza.
Un grupo de defensa de las criptomonedas llamado Proof of Stake Alliance (POSA) -que cuenta con Solana y Coinbase Custody entre sus miembros- publicó un informe en septiembre en el que se detallaba una enmienda "olvidada" al código tributario (Sección 6050I) incluida en el proyecto de ley de infraestructuras que convierte en un delito grave la declaración incorrecta de la recepción de activos digitales.
En la actualidad, los estadounidenses ya declaran sus ganancias en criptomonedas a Hacienda como si se tratara de cualquier inversión. Pero el informe de POSA argumentó que el proyecto de ley significará que tendrán que informar de la recepción de cualquier activo digital por valor de más de 10.000 dólares, incluyendo la identidad y el número de la seguridad social del actor que realiza el pago. No hacerlo en un plazo de 15 días es un delito.
Es más, la modificación del artículo 6050I podría incluso considerarse inconstitucional. En la actualidad, el código fiscal obliga a cualquier persona que reciba 10.000 dólares en efectivo a declararlos a Hacienda. Con el dinero fiduciario, esta obligación es constitucional porque un banco actúa como un tercero, pero en el mundo de las transacciones de criptomonedas, las autoridades necesitarían una orden judicial en virtud de la Cuarta Enmienda, según el director de investigación Coin Center, Peter Van Valkenburgh.
Aunque el Tesoro ha aclarado que no interpretará la nueva definición legislativa de "intermediario" para incluir a los cripto actores no custodios, es evidente que todavía hay muchas cosas que el gobierno debe aclarar antes de que los cripto inversores estén satisfechos con el proyecto de ley. Sin embargo, si el Presidente da su aprobación, será un hecho consumado para el IRS.
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