Por Scott Chipolina
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La Corte de Cuentas de El Salvador investigará una denuncia sobre la compra de Bitcoin por parte del gobierno, así como el proceso de construcción de cajeros automáticos de criptomonedas, según Reuters.
Según Reuters, la Corte de Cuentas -que supervisa el gasto público del país- dijo que recibió una queja el 10 de septiembre de un grupo de derechos humanos y transparencia de El Salvador llamado Cristosal.
"Admitida la denuncia, se procederá a realizar el informe de análisis jurídico y, oportunamente, remitir dicho informe a la Coordinación General de Auditoría", informó la Corte de Cuentas.
Cristosal pidió una auditoría de las compras de Bitcoin por parte del gobierno, así como una revisión de cómo el gobierno financió y llevó a cabo la construcción de cajeros automáticos de criptomonedas en el país.
Cajeros automáticos de Bitcoin marca Chivo en El Salvador. Fuente: Twitter
No es la primera vez que el proyecto Bitcoin del presidente Bukele levanta la ira de los activistas de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador.
El presidente Bukele anunció por primera vez la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador durante la Conferencia Bitcoin de este año, celebrada en junio en Miami.
El 7 de septiembre, Bitcoin fue reconocido oficialmente como moneda de curso legal. Entre esas dos fechas, el abrazo de Bitcoin por parte de El Salvador se vio envuelto en la controversia.
Para empezar, la legislación sobre Bitcoin del país obliga a los negocios a aceptar Bitcoin como pago cuando se les ofrece. "Todo agente económico debe aceptar Bitcoin como pago cuando le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio", dice el artículo 7 de la Ley de Bitcoin.
Esto -visto por muchos como una ley coercitiva- ha llevado a protestas, protestas y más protestas en las calles de El Salvador en el período previo al 7 de septiembre.
Es más, se ha acusado al gobierno de intimidar, silenciar y acosar a sus críticos más acérrimos.
"El gobierno ha acosado tanto a las grandes empresas como a las pequeñas. Han enviado a agentes del gobierno a inspeccionar las empresas para asegurarse de que cumplen la normativa laboral sólo porque los ejecutivos de nivel superior han dicho cosas negativas sobre la ley de Bitcoin", dijo recientemente a Decrypt un empresario local bajo la condición de anonimato.
"La policía no tiene que llevar a nadie a los tribunales. Simplemente asustan a uno de los disidentes [Mario Gómez] secuestrándolo un par de horas o un par de días", dijo recientemente a Decrypt una segunda persona de negocios local bajo condición de anonimato.
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