Por Adriana Hamacher
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Corea del Sur ha reforzado su normativa sobre criptomonedas, con nuevas leyes sobre la reporte financiero para las empresas que participan en el sector que se introducirán el 25 de marzo, según el JoongAng Daily del país.
La modificación de las normas de reports financieros obliga a todas las empresas de criptomonedas a presentar registros de sus transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera del país—su organismo de vigilancia contra el lavado de dinero.
Las startups tendrán seis meses para cumplir la nueva normativa— y su incumplimiento podría suponer una multa de hasta $44.000 dólares, o una condena de cinco años de prisión para los principales implicados.
La nueva normativa es la última de una serie de directrices y nuevas leyes impuestas a los proveedores de servicios digitales por el regulador surcoreano, la Comisión de Servicios Financieros (FCC por sus siglas en inglés).
Y Corea ha demostrado que sus nuevas leyes son estrictas. A principios de esta semana, el Servicio Nacional de Impuestos del país informó que había identificado a más de 2.400 personas que acusaban de utilizar criptomonedas para ocultar sus activos y evadir impuestos.
La nueva norma de impuestos sobre las criptomonedas del país entrará en vigor en enero de 2022, con un impuesto del 20% sobre Bitcoin y los rendimientos de las criptomonedas a partir del 1 de enero de 2022, y el impuesto sobre las ganancias de capital impuesto sobre los rendimientos del comercio de criptomonedas por encima de $2.300 dólares.
En un evento celebrado el pasado otoño, los representantes de los bancos coreanos se mostraron entusiasmados con la nueva normativa, que les permitirá participar en el floreciente sector de las finanzas descentralizadas (DeFi por sus siglas en inglés) y ofrecer sus propios instrumentos financieros. Al menos un banco ya ha lanzado aplicaciones basadas en blockchain, como servicios de pago y custodia para sus clientes.
Pero para cumplir con la nueva normativa, todos los proveedores de servicios digitales deberán adoptar estrictos protocolos de identificación. Las casas de cambio, los proveedores de monederos y otras empresas de criptomonedas deberán señalar cualquier transacción sospechosa bajo pena de fuertes sanciones.
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