Por Stephen Graves
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La Red de Vigilancia de Crímenes Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de los EE.UU., quiere que los ciudadanos de los EE.UU. informen si tienen más de 10.000 dólares en criptomonedas almacenados en proveedores de servicios de moneda digital extranjera.
La Notificación FinCEN 2020-2, presentada el jueves, enmendaría las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario y Cuentas Financieras Extranjeras (FBAR).
La notificación dice: "La FinCEN tiene la intención de proponer la enmienda de las regulaciones que implementan la Ley de Secreto Bancario (BSA) en relación a los reportes de cuentas financieras extranjeras (FBAR) para incluir la moneda virtual como un tipo de cuenta reportable".
El cambio normativo armonizaría las normas de la FBAR en torno a las criptomonedas con las que se aplican al dinero en efectivo de los ciudadanos estadounidenses fuera de los Estados Unidos.
Bajo las regulaciones actuales, el aviso dice, "una cuenta extranjera que tenga moneda virtual no es declarable en la FBAR". El aviso no menciona cuándo se va a implementar la propuesta, o qué información se le pediría a los titulares de esas criptomonedas. En la actualidad, las personas que declaran las FBAR deben proporcionar el nombre de la cuenta, el número de la cuenta, el nombre y la dirección del banco extranjero donde se mantienen los fondos, el tipo de cuenta y el valor máximo mantenido durante el año.
El movimiento es parte de una ráfaga de cambios regulatorios a las criptomonedas propuestos por el Departamento del Tesoro, justo unas semanas antes de que su liderazgo cambie bajo la administración entrante de Biden.
El mes pasado, la FinCEN propuso un cambio en las regulaciones que clasificaría la "moneda virtual convertible" y los "activos digitales de curso legal" como "instrumentos monetarios", haciéndolos sujetos a los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
La medida requeriría que las empresas de servicios monetarios informaran a la FinCEN de ciertas transacciones de criptomonedas en carteras no alojadas (en otras palabras, privadas).
Defensores de la privacidad, empresas de criptomonedas y políticos han expresado su preocupación por el cambio de reglas propuesto, y en particular la velocidad del proceso.
En una carta al Secretario del Tesoro Steve Mnuchin, un grupo bipartidista de representantes ha cuestionado el "proceso apresurado" y ha solicitado que el actual período de revisión de 15 días se amplíe a 60 días. La carta argumenta que no se ha dado al público americano "una oportunidad razonable de responder" a una "reglamentación altamente compleja".
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