Por Mat Di Salvo
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El mes pasado, Panamá parecía que iba a ser el siguiente país latinoamericano en recibir a Bitcoin con los brazos abiertos cuando el poder legislativo del país aprobó un proyecto de ley que regula el uso de criptomonedas en el país.
El proyecto de ley debía ser firmado por el presidente del país antes de entrar en vigor. Y los políticos y los entusiastas de las criptomonedas se sentían optimistas.
Pero el presidente del paraíso fiscal centroamericano podría tener dudas.
Hoy, en una entrevista con Bloomberg, el presidente Laurentino Cortizo dijo que podría vetar el proyecto de ley porque quiere garantías de que cumple las normas mundiales contra el lavado de dinero. "Tengo que tener mucho cuidado si la ley tiene cláusulas relacionadas con las actividades de lavado de dinero", dijo en una entrevista en vivo.
La `Ley de criptomonedas', como se llama, permitiría a los panameños comprar bienes cotidianos con activos digitales. El proyecto de ley menciona que Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin y Stellar estarían permitidos para el comercio.
El diputado Gabriel Silva, que ayudó a redactar el proyecto de ley, dijo que ayudaría al país a "convertirse en un centro de innovación y tecnología en América Latina" y a ayudar a los no bancarizados—más del 50% de los panameños.
El proyecto de ley también reconoce a las DAO—organizaciones autónomas descentralizadas—como entidades legales y establece el marco para que el país emita valores y materias primas tokenizadas, como el oro y la plata, a través de ofertas de tokens de seguridad (STO).
Las DAOs son grandes en el mundo de las criptomonedas, y tienen como objetivo hacer que las organizaciones y los proyectos sean descentralizados, y no jerárquicos como la mayoría de las empresas. La mayoría de ellas utilizan una criptomoneda o token nativo para gobernar su toma de decisiones.
El Presidente Cortizo dijo hoy que la ley le parecía "buena" e "innovadora", pero añadió que sus abogados estaban revisando el proyecto de ley y le harían recomendaciones sobre qué hacer a continuación.
A diferencia de El Salvador, un pequeño país centroamericano donde se puede gastar Bitcoin libremente, la ley no haría de la criptomoneda una moneda de curso legal: los negocios no tendrían que aceptar legalmente las monedas y tokens basados en blockchain si no quieren hacerlo.
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