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Uruguay podría tener muy pronto un marco regulatorio especialmente diseñado para las criptomonedas y otros activos digitales, uniéndose a países como Venezuela, El Salvador y Brasil.
El Proyecto de Ley de Regulación de Activos Virtuales fue aprobado por la Cámara de diputados del país con 70 votos a favor de los 72 legisladores presentes la semana pasada. Ahora ha sido enviado al Senado y, de ser aprobado, establecería las condiciones para que el Banco Central del Uruguay (BCU) tenga jurisdicción sobre los activos virtuales en el país.
El proyecto incluye a los proveedores de servicios de activos virtuales (custodia, emisión, intercambio entre otros) dentro de las entidades financieras supervisadas por el BCU, lo que le otorga al Banco Central la autoridad para regular a empresas o individuos que interactúen con criptomonedas. En el texto se establecen los requisitos que deben cumplir dichas empresas el marco de una supervisión y auditoría por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Uruguay.
El BCU ha definido previamente a los activos virtuales como "la representación digital de valor o derechos contractuales que pueden ser almacenados, transferidos y negociados electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o similares". Esta definición podría incluir a cualquier entidad que se dedique al intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario, incluyendo las plataformas de compraventa de NFT (token no fungible).
El BCU realiza regularmente un análisis de riesgos de las actividades que están bajo su competencia para establecer una regulación. De esta manera, vigila si estas actividades podrían implicar un riesgo de lavado de activos o si es necesario proteger al consumidor de estos productos.
El proyecto de ley también incluye la opción de que los valores puedan emitirse electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido. Esto abre la posibilidad de que aquellos activos virtuales que cumplan con los requisitos puedan ser registrados como valores y debidamente comerciados en el país, al igual que permite la tokenización de los valores no digitales que ya están sujetos al marco normativo del mercado de valores.
En general, la regulación de la industria de criptomonedas es un paso positivo ya que ayuda a legitimar el sector y promover su adopción más amplia. Aunque todavía existen algunos desafíos y riesgos asociados con las criptomonedas, la implementación de normas y regulaciones claras y transparentes puede ayudar a mitigar estos problemas y alentar a más personas a adoptar estas tecnologías.